El presidente del CERMI en la Comunidad Valenciana, Joan Planells, destacó que Casas "es el típico caso de donde dije digo, digo Diego" y se refirió a que en su faceta de abogada, "hace apenas seis meses" incitaba a las personas con discapacidad y a sus familiares "a negarse a aceptar la tasa".

 

De hecho, según informa 'El Mundo', Casas se refería al copago impuesto por el Consell del PP como "barbaridad valenciana" y distribuía por correo electrónico un modelo de recurso de alzada, elaborado por ella misma, para que los afectados "puedan recurrir y no consientan el dichoso repago llamado ahora tasa". Una actitud combativa que ahora ha atenuado tras ser nombrada secretaria autonómica.

 

En su condición de abogada de las plataformas de la dependencia argumentaba que el copago sólo era competencia del Gobierno central: "Continuamos manteniendo la teoría y así lo ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en varias sentencias que he llevado en el despacho sobre el copago en prestaciones de cuidador, que la Generalitat no es competente para establecer ninguna participación económica del usuario". Pese a esta afirmación, la secretaria autonómica no ha utilizado su conocimiento de la legislación para derogar el sistema de tasas a los discapacitados. Una realidad por la que se entiende el malestar que actualmente existe entre el colectivo.

 

En la carta en la que remitió Casas el modelo del recurso de alzada también exponía que la Generalitat del PP había llevado a cabo una "estrategia maestra para saquear a los dependientes".

 

Sin embargo, el mayor reproche que hace el colectivo de la discapacidad a la secretaria autonómica se basa en que ella asumía en el texto de la carta que en un acto "todos los partidos de izquierda se comprometieron, si gobernaban, a retirar el copago, con lo cual ésta sería otra tabla de salvación a la que podríamos acogernos en su caso".

 

Claramente, Casas esgrimía que los partidos de izquierdas habían asumido el compromiso de acabar con el copago, pero ella, ahora que forma parte de la Administración de la coalición de izquierdas a la que apelaba, no ha hecho efectiva la promesa.

 

En el mismo escrito reiteraba su oposición a la tasa. "En conclusión", confirmaba la abogada "y ante el panorama incierto que se vislumbra, el primer paso debe ser el recurso de alzada para no consentir la tasa y, de este modo, ganar tiempo". Su hostilidad era tanta que incluso llegaba a recordar que contaban con tres meses en los que la entonces Conselleria de Bienestar Social tenía de plazo para resolver el recurso y concluía: "después esperar el resultado del nuevo panorama político tras las elecciones, ver si realmente el PSOE presenta recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas tal y como se ha comprometido a hacerlo y entonces será cuando debamos cotraatacar". Se debe añadir que Casas movilizó a las personas con discapacidad porque les indicaba que "no podía faltar la acción social en la calle" y constataba la importancia de salir "en los medios de comunicación que tanto miedo dan a nuestros políticos".

 

Ya como responsable de la Conselleria, Casas anunció en su comparencia del 7 de octubre que con la retirada del copago podrían beneficiarse 10.200 mayores en residencias de la tercera edad y 1.300 en centros de día. Una medida que iba a costar unos 76 millones de euros a la Administración valenciana. A esta cuantía habría que añadir otros 19 ó 20 millones más de los discapacitados. Pero, pese a que en el punto 16 del apartado de la Dependencia del programa electoral de Compromís se anunciaba que se iban a derogar todas las tasas, Oltra sólo ha confirmado la paralización del copago en los centros de día en el caso de los mayores. Y se demuestra en que el copago se mantiene completamente para las personas con discapacidad de las residencias, viviendas tuteladas y viviendas supervisadas.